Luego de su trámite en el
Congreso de la República y del control previo en la Corte Constitucional, el
Presidente Juan Manuel Santos Calderón y el Ministro Alejandro Gaviria Uribe
sancionaron la Ley Estatutaria de Salud, que convierte a la salud en un derecho
fundamental autónomo. La Ley le pone fin al llamado carrusel de la muerte, toda
vez que se convierte en obligatoria la prestación de los servicios de
urgencias, que ya no requieren ningún tipo de autorización. Entre los
principios consagrados en la Ley Estatutaria, el derecho fundamental a la salud
debe tener continuidad, entendida como el derecho a recibir los servicios de
salud sin que sean interrumpidos por razones administrativas o económicas. A
partir de la fecha, el control a los precios de los principios activos de
medicamentos se convierte en una política de Estado; los precios de los
medicamentos controlados no podrán superar el precio internacional de
referencia, de acuerdo con la metodología definida por el Gobierno.
La Ley consagra la autonomía
médica, persiguiendo la seguridad del paciente, bajo esquemas de
autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. En ese
sentido, asegura que los médicos serán quienes tomen las decisiones sobre los
tratamientos, ya que se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del
ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la
salud. También prohíbe cualquier prebenda o dádiva a los profesionales de la
salud.
Con la sanción de la ley, el
Ministerio de Salud y Protección Social tendrá hasta dos años para implementar
el mecanismo técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo
y transparente, que permita ampliar progresivamente los beneficios. De esta manera, los pacientes tendrán derecho
a todas las tecnologías, excepto aquellas que estén expresamente excluidas del
POS.
La Ley Estatutaria de Salud
partió de una iniciativa presentada al Gobierno por la Gran Junta Médica en
marzo de 2013; el Presidente Juan Manuel Santos Calderón la radicó en la
Secretaría General del Senado y le dio mensaje de urgencia a su trámite en el
Congreso, el cual fue liderado por el Ministro de Salud y Protección Social.
Luego de su aprobación en el legislativo, el 20 de junio de 2013, el proyecto
pasó a control previo de la Corte Constitucional, que en abril de 2014 convocó
una audiencia pública, donde el Gobierno y la Gran Junta Médica defendieron los
contenidos de la iniciativa.
En mayo de 2014, la Corte divulgó
el comunicado a través del cual anunció la aprobación con condiciones del
articulado de la Ley, y en octubre publicó la extensa sentencia; ante un yerro
en el texto, la Corte emitió un fallo aclaratorio en diciembre pasado y remitió
el nuevo articulado al Congreso de la República, para que rehiciera el texto.
El pasado 10 de febrero, el Ministro Alejandro Gaviria Uribe defendió el
proyecto en la plenaria del Senado, como último trámite previo a su sanción
presidencial.